(Imagen: Madre migrante de Dorothea Lange)
La gestión migratoria se ha convertido en uno de los desafíos políticos más polarizantes, complejos y prioritarios en la Unión Europea y a nivel global. Esta realidad presenta un componente demográfico y humanitario que afecta a elecciones, caídas de gobiernos y alianzas geopolíticas.
En nuestro país, las personas nacidas en el extranjero constituyen el 20,2% del total de la población, lo que equivale a más de diez millones de residentes, de los cuales más de tres millones han adquirido la nacionalidad española. Por orden de origen, las nacionalidades más numerosas corresponden a Marruecos, Colombia, Venezuela, Rumanía y el Reino Unido.
El papa León XIV ha aportado valiosas reflexiones sobre la migración durante su reciente viaje apostólico a España, tanto en su discurso ante el Congreso de los Diputados como en su simbólica visita al muelle de Arguineguín, en Canarias.
La inmigración ha pasado a convertirse en el principal catalizador de cambio político en la UE. Así, ha provocado giros drásticos de gobierno, auspiciando una «derechización» generalizada en la gestión de las fronteras. Así ocurrió en los Países Bajos, donde el Partido por la Libertad (PVV) capitalizó el descontento y se convirtió en la fuerza más votada.
En Francia, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen obligó al presidente Macron a pactar una exigente ley de inmigración para frenar el trasvase de votos hacia los soberanistas. En el país germano, con el auge de Alternativa por Alemania (AfD), se ha vivido un giro de 180 grados respecto a la política de puertas abiertas del pasado.
Por su parte, en Italia, el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni ha conseguido normalizar las políticas de la derecha en Bruselas mediante su modelo de externalización de fronteras, arrastrando al Partido Popular Europeo (PPE). Paralelamente, el modelo socialdemócrata danés —así como las coaliciones en Suecia y Finlandia— ha implementado una de las legislaciones migratorias más duras de Europa, explorando la externalización de los procedimientos de asilo en terceros países africanos, fuera de las fronteras comunitarias.
Este fenómeno ha trascendido hasta el Parlamento Europeo y la Comisión, que han terminado cediendo a la presión y aprobando medidas que asemejan el control fronterizo europeo al modelo de los Estados Unidos. De este modo, se ha sustituido el antiguo sistema de cuotas obligatorias automáticas por la posibilidad de pagar multas financieras a cambio de financiar el blindaje fronterizo exterior.
Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la seguridad de la frontera sur con México se mantiene como el debate político más encarnizado, condicionando de manera directa los resultados electorales. Las causas de este éxodo global son múltiples: desde crisis políticas e institucionales —como la de Venezuela— hasta conflictos bélicos, como la invasión rusa de Ucrania, pasando por la emergencia de los «migrantes climáticos» desplazados por sequías e inundaciones. En el tablero político español, el debate oscila desde partidos que auspician un supuesto efecto llamada y proponen regularizaciones masivas, hasta formaciones que propugnan una inmigración estrictamente legal y ordenada.
Frente a esta realidad política, el papa León XIV —en el número 81 de su encíclica Magnifica humanitas, así como en sus discursos en Madrid y Canarias— ha seguido las pautas de la Doctrina Social de la Iglesia. El pontífice resalta la dignidad humana de los migrantes, que no tiene pasaporte ni pierde su valor al cruzar una frontera. Por eso debe ser respetada y protegida incluso en la aplicación de las leyes y de políticas de seguridad nacional, y no puede reducirse a un mero cálculo electoral o laboral.
León XIV ha denunciado con firmeza la indiferencia de Europa ante la tragedia marítima, alertando contra el peligro de «pasar de largo» ante las pateras y de permitir que el Mediterráneo y el Atlántico se conviertan en cementerios sin lápidas. Su propuesta es clara: hay que acoger, asistir e integrar.
A la vez, el discurso papal encierra un profundo equilibrio, porque, al tiempo que condena a las mafias del tráfico de personas —a las que califica de «monstruos»— y advierte a los jóvenes africanos que no crean en quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su libertad, el Papa reconoce el derecho de los Estados a regular sus fronteras de forma ordenada. Asimismo, lanza un examen de conciencia a las naciones de origen para que promuevan condiciones de paz, justicia y desarrollo que reduzcan la necesidad de emigrar.
En definitiva, un desafío de esta magnitud global no puede ser afrontado por una sola nación de manera aislada. Se vuelve imprescindible una respuesta internacional coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección y oportunidades reales a quienes se ven obligados a emigrar. Una sociedad se conoce por cómo trata a los migrantes.
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