Noelia Castillo Ramos tenía programada la aplicación de la eutanasia ayer jueves a las 18 horas. Así lo relataba ella, cuatro días antes de su muerte asistida, en una entrevista concedida a Antena 3 Televisión.
Resulta sobrecogedora la exclusiva de la última entrevista de Noelia antes de morir. Me parece positiva porque nos ha facilitado el rostro y las reflexiones de esta joven que presenta claros desajustes psicológicos. No he apreciado un alegato o apología en favor de la eutanasia; al contrario, he llegado a la absoluta convicción de que Noelia necesitaba ayudada psicológica, no la muerte asistida.
He seguido de cerca las vicisitudes de esta joven de 25 años quien dice haber sido víctima de una agresión sexual en grupo, intentó suicidarse y quedó parapléjica al lanzarse desde un quinto piso. Me ha sorprendido todavía más verla en dicha entrevista con una expresividad aparentemente normal: maquillada, guapa, incluso reía mientras argumentaba por qué deseaba “recibir la eutanasia”, ese eufemismo que se utiliza como si de un servicio sanitario más se tratara.
La ley de la eutanasia fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 18 de marzo de 2021 con 202 votos a favor —la mayoría de los grupos parlamentarios— frente a los 141 votos en contra de PP y Vox.
Esta joven solicitó a la Administración catalana en julio de 2024 acogerse al proceso de prestación de ayuda para morir; una decisión a la que han contribuido su trastorno obsesivo-compulsivo y su trastorno límite de la personalidad. Su padre se opuso desde el principio, pues entendía que, pese a las limitaciones y sufrimientos, Noelia podría desarrollar una vida digna y superar su situación con la debida atención médica y psicológica.
En el inicio del expediente administrativo, está previsto que un médico y un jurista dictaminen si el solicitante reúne los requisitos legales. Los dos profesionales vulneraron el procedimiento establecido al simular un desacuerdo para que la resolución recayera directamente en los diecinueve especialistas de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña. Conviene recordar que este organismo depende del Gobierno de la Generalitat, cuya representación política en el Parlament establece que el 80 % está a favor de la eutanasia.
A lo largo del proceso judicial, el único dictamen médico que se ha contemplado ha sido el de la referida Comisión. La propia Noelia ha impedido que otros especialistas hayan elaborado un posible informe contradictorio. Esto ha sido decisivo para que tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Barcelona, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional hayan validado el informe de dicha Comisión.
La fundación Abogados Cristianos, que representa al padre de Noelia en defensa del derecho fundamental a la vida, acudió en última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero este no admitió la medida cautelar de suspensión. Así las cosas, poco margen judicial les queda a los magistrados cuando la ley establece que un ciudadano con determinadas enfermedades incurables tiene derecho, por voluntad propia, a que el Estado le quite la vida bajo el nombre edulcorado de “muerte digna”.
Tras ver la entrevista de Noelia, no termino de dar crédito a que el Estado, en vez de proteger la vida humana en todas las circunstancias posibles (la del concebido y no nacido, los embriones congelados, los enfermos terminales o los condenados a muerte), se erija en cooperador necesario de lo más parecido a un suicidio asistido. ¿A qué nivel de degradación y descomposición moral ha llegado la sociedad cuando aprueba leyes que van contra el hombre mismo? La exposición de motivos de esta ley, y de todas las normas de la posmodernidad “woke”, se fundamentan en el principio de libertad absoluta para decidir sobre la vida.
La esquizofrenia y sinrazón política y social se manifiesta cuando, en determinadas cuestiones, se aplica el “prohibido prohibir” de la revolución sexual sesentayochista y, a la vez, se cercena el derecho humano fundamental a la vida; ese derecho sagrado sin el cual no son posibles el resto de derechos y libertades.
Sigue aún vigente el llamamiento de san Juan Pablo II en su encíclica “Evangelium Vitae”: “El derecho a la vida no es una cuestión ideológica o de fe religiosa; es un derecho humano fundamental que precede a cualquier reconocimiento por parte del Estado”.
Aquí dejo mi análisis para Cope
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