El estudio revela que uno de cada cuatro jóvenes de nuestra comunidad se encuentra en exclusión social, muy por encima del 14,8% de la media nacional
SERVICIO DIOCESANO DE COMUNICACIÓN
El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL) acogió este lunes. 24 de noviembre, en Valladolid la presentación del Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León, elaborado por la Fundación FOESSA. Un estudio que ofrece una radiografía detallada de la situación social en la comunidad y que muestra cómo, pese a la mejora económica, miles de personas continúan viviendo en una posición de vulnerabilidad sostenida.
Este estudio forma parte de los 22 informes territoriales elaborados por la Fundación FOESSA dentro del proceso de investigación del IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Sus resultados se basan en la sexta edición de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA 2024), realizada en el primer semestre del año a 12.289 hogares en todo el país, con muestra representativa en cada comunidad y ciudad autónoma. En el caso de Castilla y León, el trabajo de campo ha permitido disponer de datos detallados y comparables que
muestran con claridad la evolución social del territorio.
Según este informe, “a pesar de que los efectos más duros de la crisis sociosanitaria de la COVID-19 quedaron atrás, en Castilla y León la recuperación no ha sido suficiente para revertir el retroceso provocado por
la pandemia en los niveles de integración social”. Los datos revelan que “la comunidad mantiene en 2024 una situación global menos
favorable que la registrada en 2018”. Así, la integración plena ha descendido hasta el 55,2%, mientras la integración precaria ha aumentado al 29,9% y la exclusión social afecta ya al 14,8% de la población, lo que equivale a 352.000 personas que continúan fuera de los márgenes de la plena
participación social”.
En comparación con el conjunto del Estado, Castilla y León presenta “un mayor porcentaje de población integrada (85,1%, frente al 80,7% de España) y, en consecuencia, menores niveles de exclusión social (14,8% frente al 19,3% estatal)”.
Durante la presentación, el arzobispo de Valladolid, Mons. Luis Argüello, reconoció que los datos que ofrecen este tipo de informes pueden resultar incómodos porque “ponen de manifiesto cuestiones que podrían hacerse mejor”. Subrayó la “honda” reflexión que suscita el estudio, así como el compromiso de la Iglesia y de Cáritas para seguir acompañando a las personas más vulnerables.
Por su parte, el presidente del CESCYL, Enrique Cabero, recalcó que la mejora económica no garantiza por sí misma la reducción de la pobreza y la exclusión: “Cuando hay una situación de crecimiento económico, no necesariamente con la misma rapidez y automatismo se produce la mejora en las situaciones de pobreza y exclusión social”. Señaló que la exclusión social es “uno de los gravísimos problemas del Estado Social y Democrático del Derecho, que hace perder legitimación en la sociedad”, y para combatirla “hay que adoptar medidas específicas”.
En este sentido, recordó que la salida de la pobreza “no es automática” porque “genera núcleos, la pobreza se hereda y afecta no sólo a la carencia de bienes materiales, sino a las oportunidades para ejercer derechos de ciudadanía”. Por ello, afirmó que el informe FOESSA “es de consulta obligada”.
En el acto intervino también el presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León, Guenther E. Boelhoff, que situó el análisis en el contexto de las crisis recientes, cuyos efectos permanecen, “la recuperación deja siempre cicatrices”, ha señalado.
Boelhoff ha descrito una sociedad donde persisten la inseguridad y la incertidumbre, que provocan “que la ciudadanía viva desvinculada y con miedo”. Pero también hay un anhelo de diálogo, participación y compromiso comunitario: “Del desasosiego brota también la esperanza y la fortaleza que sólo puede dar la comunidad”.
Vivienda y empleo, el mayor foco de exclusión
Finalmente, Pedro Fuentes, del Comité Técnico de la Fundación FOESSA, presentó los resultados del estudio. Uno de los datos más llamativos aparece en la vivienda, principal motor de la exclusión. “La vivienda es el cuello de botella de la integración social en Castilla y León”, explicó. “Ahora, más que nunca, la vivienda es un derecho fake si no hay políticas serias que lo sostengan”.
Uno de cada cinco hogares (20,1%) sufre algún problema de exclusión residencial, ya sea por gastos excesivos, inseguridad en la tenencia o condiciones inadecuadas.
En el ámbito laboral, la creación de empleo no ha sido suficiente para garantizar la integración. En su opinión, “se trabaja más, sin que eso garantice la inclusión social a una parte de la población”. El estancamiento de los salarios reales, la precariedad y el encarecimiento de la vivienda explican esta paradoja.
Jóvenes y salud, dos rostros especialmente frágiles
La juventud castellanoleonesa es uno de los colectivos más afectados. El 24,6% de las personas de 18 a 29 años está en exclusión social, muy por encima del 14.8% de la media general. La falta de estabilidad laboral, los salarios bajos y la dificultad de acceso a la vivienda retrasan los proyectos vitales y condicionan su futuro.
El informe también alerta del deterioro de la dimensión sanitaria: más de 260.000 personas han tenido que renunciar a comprar medicamentos, prótesis o tratamientos por motivos económicos. El coste de la salud se ha convertido así en un factor creciente de exclusión.
En total, el 11,2% de la población sufre dificultades económicas que afectan directamente a su salud, un porcentaje que ha aumentado 3,5 puntos desde 2018. El informe destaca que estas carencias no solo comprometen el bienestar físico, sino que profundizan la vulnerabilidad social de los hogares afectados, al limitar su capacidad para mantener tratamientos continuados,
acceder a productos sanitarios esenciales o gestionar adecuadamente enfermedades crónicas. Con ello, la salud se consolida como una dimensión crítica en la que la pobreza material tiene un impacto directo y acumulativo.
Los participantes coincidieron en que la exclusión social no es fruto del fracaso personal, sino de un modelo que no está logrando garantizar los derechos y oportunidades de todos. Como expresó Pedro Fuentes: “No fallan las personas, falla el sistema”.
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