La reciente «Declaración 2026 por una escuela pública y laica», impulsada por diversas organizaciones bajo la bandera de una «plena laicidad», pretende decretar el desahucio de la religión y la espiritualidad del ámbito educativo. Es un órdago a la línea de flotación de la pluralidad educativa. Bajo la premisa de «sacar la religión de la escuela», este documento no solo propone una reconfiguración del currículo, sino que defiende una visión de lo público que, lejos de ser neutral, resulta profundamente excluyente y reduccionista, un intento de imponer un monopolio antropológico que vacía la educación de su dimensión más profunda.
El texto de la declaración confunde la aconfesionalidad del Estado con un laicismo militante que busca la hegemonía de una sola visión: la que excluye a Dios de la plaza pública. Una verdadera escuela pública (en su sentido amplio de servicio a la sociedad) no es aquella que amputa la dimensión espiritual del ser humano, sino la que garantiza que cada familia pueda educar a sus hijos según sus convicciones. La declaración confunde, quizá deliberadamente, laicidad con laicismo. Mientras la primera es el marco que permite que todas las voces sean escuchadas, la segunda es la mordaza que busca el silencio de lo sagrado.
Intentar crear un «vacío religioso» en las aulas no genera un espacio neutro, sino un espacio mutilado. Se priva al alumnado de las claves culturales, éticas y antropológicas necesarias para comprender nuestra historia y su propia identidad. Como bien señalaba el humanismo cristiano, la educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente con consignas ideológicas, vengan de donde vengan. En palabras de Jacques Maritain: “La educación no consiste en una adaptación al medio, sino en una liberación de la persona por medio del conocimiento y la sabiduría”.
En la ya conocida amalgama de argumentos contra todo lo que suene a pluralismo, la declaración no pierde la oportunidad de atacar frontalmente los conciertos educativos. Se nos presenta la red única como el bálsamo de la igualdad, cuando en realidad es el camino hacia el pensamiento único. Con semejante planteamiento esquiva dos coordenadas imprescindibles para el pluralismo:
La libertad no es un monopolio estatal, sino un derecho de las personas, y más concretamente de las familias, por más que desde antiguo se nos quiera imponer aquello de que “los hijos no son de los padres”, lo que significa que el Estado debe ser el garante de este derecho, no su dueño absoluto.Justicia social: eliminar la financiación de los centros con ideario católico es, de facto, convertir la libertad de enseñanza en un privilegio para las élites. La escuela concertada asegura que cualquier familia, independientemente de su renta, pueda optar por un proyecto educativo coherente con sus valores.
Atacar el concierto es atacar la pluralidad democrática. Una sociedad que teme la existencia de proyectos educativos diversos es una sociedad que duda de su propia madurez.
Uno de los matices más preocupantes de la «Declaración 2026» es la degradación de la figura docente a un mero ejecutor de contenidos asépticos. Frente a esto, en la escuela católica reivindicamos al profesor como testigo.
El docente no enseña solo con el libro, sino con su vida. Su autoridad emana de su capacidad para acompañar al alumno en la búsqueda de la verdad y el sentido. En un mundo marcado por el nihilismo y la soledad, el profesor que educa desde la trascendencia ofrece una mirada que reconoce en el alumno no a un futuro productor, sino a una persona con una dignidad infinita. Expulsar la religión del ámbito educativo es despojar al maestro de su vocación de guía integral.
Como comunidad educativa, tanto en la escuela católica como en tantos y tantas docentes que viven su compromiso cristiano en la escuela pública, este documento nos lanza un desafío que no podemos ignorar. Ante la presión de un laicismo excluyente, existe el riesgo de que nuestras escuelas, o nuestro testimonio, caigan en la estrategia de la disolución. Es la tentación de transformar el anuncio del Evangelio en una «ética de valores genéricos» para evitar el conflicto o resultar competitivos en un mercado secularizado, ser aceptados o “políticamente correctos”.
Sin embargo, una escuela católica, un educador, que renuncia a su identidad para no «incomodar» deja de ser sal para convertirse en arena. No estamos aquí para ofrecer un «barniz» de buenos modales, o valores genéricos, sino para presentar una antropología de la esperanza. Frente a la propuesta de una escuela «plenamente laica» -que en realidad es una escuela plenamente vacía de trascendencia-, nuestra respuesta no debe ser la queja, sino el valor de una fe y una identidad que construyen justicia, acogida y verdadera libertad.
Defender hoy la presencia de la religión en la escuela y la vigencia de nuestra propuesta educativa no es un acto de resistencia corporativa; es un acto de servicio a la libertad. Seguiremos apostando por una escuela y por un estilo educativo que no tenga miedo a la verdad y que entienda que educar es, por encima de todo, ayudar a cada persona a descubrir que su vida tiene un sentido infinito y trascendente.
Pedro J. Huerta Nuño
Secretario general EC
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