Tras el anuncio del Consejo de Ministros de un proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, el jurista Samuel Huesca Triano analiza su alcance, reconociendo su valor como avance en dignidad y derechos, al tiempo que señala sus límites de la medida, especialmente en relación con la exclusión de quienes han sido penalizados por la criminalización de la migración
Hoy se materializa algo que durante años ha sido promesa, espera, rumor, exigencia social y clamor acumulado. Hoy, por fin, se anuncia como realidad un proceso de regularización extraordinaria que pretende sacar de la invisibilidad administrativa a cientos de miles de personas migrantes que ya viven entre nosotros, que ya trabajan, que ya sostienen barrios enteros, campos enteros, hogares enteros, economías enteras. Hoy se pronuncia la palabra “dignidad” desde el Boletín del poder, como si fuese una conquista reciente, como si no hubiese sido siempre una evidencia: que nadie puede vivir eternamente en la sombra, que nadie debería existir como expediente pendiente, como cuerpo tolerado, como vida provisional.
La regularización llega envuelta en un lenguaje oficial que habla de “seguridad jurídica”, de “orden”, de “integración efectiva”, de “realidad existente”. Se reconoce que hay personas que ya forman parte de nuestras comunidades, que son vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras esenciales, que contribuyen cada día a la vida económica y social de este país. Se insiste en que esta medida “reconoce y dignifica”. Y es cierto: regularizar significa, para muchos, dejar de vivir bajo el miedo constante. Significa poder trabajar sin explotación. Significa poder alquilar una habitación sin chantajes. Significa poder empadronarse sin trampas. Significa poder acudir al médico sin temor. Significa, sencillamente, existir.
Pero toda regularización, cuando llega, obliga también a una pregunta incómoda: ¿por qué ha tenido que llegar así, como excepción? ¿Por qué la dignidad debe ser extraordinaria? ¿Por qué la vida de cientos de miles de personas depende de una ventana política, de un decreto, de una coyuntura, de un consenso frágil, de una urgencia social que solo se reconoce cuando ya es insoportable?
El propio proceso revela una cronología de la demora. Durante meses, durante demasiados meses, una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de setecientas mil firmas permaneció bloqueada. Setecientas mil firmas no son un trámite: son un hito democrático, una expresión de sociedad civil organizada, una demanda ética. Y sin embargo, el sistema institucional fue incapaz de responder con la rapidez que la realidad humana exigía. Ahora se opta por la vía reglamentaria como respuesta inmediata. Se dice que es la vía más rápida, más eficaz, más garantista. Y quizá lo sea. Pero no deja de ser significativo que la vida de tantas personas haya quedado suspendida durante tanto tiempo en la espera administrativa, como si la dignidad pudiese aplazarse.
Hoy se abre una puerta. Y es justo reconocerlo. Pero también es necesario mirar con lucidez la arquitectura de esa puerta. Porque no se abre desde un reconocimiento pleno de derechos, sino desde una lógica que sigue siendo profundamente ambivalente: la lógica del control. Regularizar, se nos dice, no es solo dignificar, sino “garantizar la seguridad jurídica”. Regularizar no es solo reconocer una realidad humana, sino “asegurar el control del sistema”. Regularizar no es solo justicia, sino gestión.
Y ahí aparece el núcleo de la crítica. Porque cuando la dignidad se concede como instrumento de orden, siempre queda un resto fuera. Cuando la dignidad se administra, siempre se condiciona. Cuando la dignidad se convierte en procedimiento, siempre se filtra. Y los filtros, en materia migratoria, no son neutros: son dispositivos morales, dispositivos punitivos, dispositivos de exclusión.
El requisito central de este proceso lo evidencia con brutal claridad. Se exige haber residido de forma continuada al menos cinco meses antes de una fecha de corte. Se exige estar dentro del marco temporal. Se exige demostrar arraigo de facto. Pero, sobre todo, se exige “carecer de antecedentes penales”.
Y aquí es donde la regularización se rompe éticamente. Aquí es donde la puerta se abre dejando a muchos fuera. Aquí es donde la dignidad vuelve a ser selectiva. Porque el antecedente penal, en el mundo migratorio contemporáneo, no es simplemente un dato jurídico. Es una marca civil. Es una condena que se prolonga más allá de la pena. Es un muro invisible que convierte la regularización en privilegio condicionado. Y lo más grave es que muchos de esos antecedentes no responden a una criminalidad real, sino a la criminalización estructural de la migración.
Debemos decirlo con toda claridad: en Europa, y especialmente en las fronteras del sur, se ha construido durante años un régimen penal de la movilidad. Migrar se ha convertido en sospecha. Cruzar se ha convertido en delito. Sobrevivir se ha convertido en expediente policial. Y la cárcel se ha convertido en el lugar donde se encierra no solo a quien comete delitos, sino a quien encarna la incomodidad del mundo desigual.
Como jurista especializado en derecho penitenciario, he visto demasiado de cerca el reverso de estas políticas. He visto cómo se fabrican culpables en frontera. He visto cómo se construyen figuras penales que sirven para dar ejemplo, para lanzar mensajes, para satisfacer una demanda simbólica de castigo. He visto, especialmente, la tragedia de los llamados “patrones de embarcación”.
Jóvenes migrantes, muchas veces los más pobres entre los pobres, los más vulnerables entre los vulnerables, que terminan condenados a penas altísimas bajo la acusación de dirigir o pilotar una patera. Jóvenes que no eran mafias. Jóvenes que no eran traficantes. Jóvenes que simplemente estaban en el lugar donde el sistema necesitaba un responsable. Jóvenes que quizá tocaron un timón unos minutos. Jóvenes que quizá fueron obligados. Jóvenes que quizá solo intentaban llegar vivos. Jóvenes que buscaban una vida mejor, un futuro posible, un lugar donde respirar.
A esas personas se les ha impuesto cárcel. Se les ha impuesto estigma. Se les ha impuesto una pena desproporcionada. Y ahora, además, se les impone el olvido.
Porque cuando se exige “carecer de antecedentes penales” como requisito indispensable, se está diciendo implícitamente que hay vidas que no merecen ser regularizadas. Se está diciendo que hay personas que pueden salir de la sombra, pero otras deben quedarse en ella. Se está diciendo que hay migrantes dignos y migrantes descartables. Se está diciendo que el castigo no termina con la condena, sino que se prolonga como exclusión civil perpetua.
Este es el punto más cruel del sistema: la doble pena. Primero se castiga con prisión. Después se castiga con la imposibilidad de rehacer la vida. Primero se encierra. Después se cierra la puerta. Primero se condena. Después se condena de nuevo, ya no con barrotes, sino con papeles.
Y lo más devastador es que en muchos casos el único “delito” ha sido intentar venir a este país a buscarse la vida. Intentar escapar del hambre, de la guerra, del abandono. Intentar sostener una familia. Intentar existir.
La regularización extraordinaria se presenta como un acto de reconocimiento. Pero si deja fuera precisamente a quienes han sufrido la dimensión más punitiva de la política migratoria, entonces es también un recordatorio de que el sistema sigue funcionando sobre una lógica de criminalización global.
Se nos dice que regularizar corta el negocio de las mafias. Y es cierto que la irregularidad alimenta la explotación. Pero también es cierto que Europa ha construido durante décadas un escenario donde la única alternativa para muchos ha sido arriesgar la vida. Las mafias no nacen de la regularización: nacen del cierre de vías legales. Nacen de fronteras convertidas en muros. Nacen de un mundo donde moverse es privilegio para unos y delito para otros.
Por eso regularizar es necesario, sí. Pero regularizar no basta. Regularizar sin revisar la criminalización penal de la migración es solo administrar el sufrimiento. Regularizar dejando fuera a los presos migrantes es perpetuar la injusticia. Regularizar sin incluir a quienes ya han pagado con años de cárcel por el simple hecho de llegar es aceptar que hay vidas que merecen futuro y otras que merecen condena eterna.
Hoy se abre una puerta. Pero debemos tener el valor de mirar quién se queda al otro lado. Debemos tener el coraje de nombrar a los olvidados. Debemos exigir que la dignidad no sea un privilegio condicionado, sino un derecho inherente.
Porque no puede hablarse de integración mientras existan personas migrantes en prisión cuyo único crimen fue moverse. No puede hablarse de democracia mientras el antecedente penal funcione como condena civil perpetua. No puede hablarse de justicia mientras la migración siga tratándose como amenaza.
La verdadera pregunta no es cuántas personas serán regularizadas. La verdadera pregunta es cuándo dejaremos de castigar a las personas por buscar vida.
Cuándo dejaremos de llamar delito a la esperanza.
Cuándo dejaremos de construir cárceles para quienes solo querían llegar.
Samuel Huesca Triano. Jurista
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