En su visita apostólica a España, el papa León XIV no solo se dirigió a la Iglesia, sino que tuvo ocasión para ofrecer distintos mensajes a la sociedad y a sus representantes en las instituciones políticas del Estado. Especialmente significativo fue su discurso en las cortes generales, en el que habló con la actitud de quien sabe que tiene que respetar “la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar”. Es seguramente este tono de respeto y diálogo lo que provocó esa reacción positiva ante sus palabras que a todos nos sorprendió. El Santo Padre dijo lo que tenía que decir sin ofender a nadie y sin otra intención que presentar la propuesta cristiana y ofrecer una reflexión de naturaleza ética sobre los fundamentos, los límites y la misión del poder político. Al actuar de este modo, el Papa ha querido dialogar con la sociedad y servir también a la misión de la Iglesia, que no es una institución alejada de la vida de las personas, sino que “camina con la humanidad, comparte sus esperanzas y sus heridas, escucha los interrogantes de cada época y se deja interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y mujeres de hoy”.
En este discurso León XIV abordó todos los temas que preocupan a la Iglesia en su diálogo con la sociedad: la situación de la familia, que debe ser sostenida; el valor de la vida humana, que debe ser reconocida como un valor fundamental; la misión de las instituciones educativas, que deben respetar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos; el drama migratorio, que debe ser abordado no únicamente como una cuestión económica, sino desde una perspectiva eminentemente moral, por lo que tiene que evitarse cualquier discriminación en base al “origen nacional, étnico, religioso, lingüístico, económico o social”; la aspiración de la humanidad a la paz, por la que todos hemos de luchar; la necesidad de que en la vida política se desarme el lenguaje para que la discrepancia no conlleve desprecio o humillación; y la libertad religiosa, que debe ser escrupulosamente respetada y positivamente valorada por las autoridades públicas.
Cuando la Iglesia habla de estos temas, no lo hace con una intencionalidad directamente política, sino por el deseo de defender la dignidad de toda persona humana, que no depende de ninguna concesión del estado, si puede “quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento”. De este modo “el derecho se convierte en amparo de todos y en garantía frente a la imposición de intereses particulares”. La Doctrina Social de la Iglesia pretende ser una contribución al bien común, que “es la forma social de la dignidad humana”; y que debe ser también el objetivo de todo compromiso político, de modo que se establezcan las condiciones necesarias para que las asociaciones y las personas lleguen a su perfección. Esto significa que el poder político nunca puede ser absoluto, sino que tiene unos límites que no puede ignorar.
Estoy convencido de que si este mensaje fuera acogido, el clima de nuestra vida política mejoraría mucho.
+ Enrique Benavent Vidal, arzobispo de Valencia.
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